En declaraciones a Red UNO, Cárdenas se limitó a señalar que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, los denunciados continúan habilitados, sin precisar si el Consejo iniciará acciones o se sumará al proceso penal ya abierto en Sica Sica contra Leonor Vera Condori.

Se detuvo a cinco personas, sospechosas de pertenecer al grupo criminal, una de ellas funcionaria de Derechos Reales. Las autoridades continúan con la investigación.

Para la existencia de un delito, necesariamente debe existir una acción, seguida de un nexo causal que generará un resultado lesivo. En ese sentido, lo esencial es la existencia de un bien razonablemente entendido de origen ilícito, el cual debe ser producto o tener inherencia a una actividad ilícita previa. El resultado del delito previo, viene a ser uno de los elementos normativos del tipo penal, pues ha de tenerse presente que el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas no procura necesariamente de forma primaria castigar hechos ilícitos, sino a través de sus verbos rectores –convertir, transferir, ocultar, encubrir, disimular, adquirir, poseer y utilizar-  reprime la responsabilidad del legitimador o lavador.

Una investigación por corrupción lleva al Ministerio Público a allanar las oficinas de Derechos Reales y la DAF del Consejo de la Magistratura.

La bancarización llega luego de la denuncia de corrupción en DDRR de la ciudad de Santa Cruz, donde aún se investiga el desvío de recursos recaudados por los trámites que se realizan en esa dependencia.

La audiencia se extendió por ocho horas en Santa Cruz. El juez del caso determinó dejar en libertad solo a una de las cuatro personas investigadas

En este caso se investiga el desvío de Bs 2 millones a cuentas de particulares. La toma de declaraciones fue postergada porque policías asignados a esta investigación estaban en otras diligencias.

El miércoles se ejecutó un allanamiento en Derechos Reales por indicios de corrupción. Este jueves se conoció que hay al menos cinco funcionarios investigados

El art. 1545 del Código Civil establece que en el hipotético caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla.