El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 60/2023 de 31 de julio, dispone lo siguiente: 1. Declara inconstitucional el reglamento de preselección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, así como también a la convocatoria. 2. Declara inconstitucional por conexitud la Ley Nro. 1513 de 5 de junio de 2023, misma que señalaba parámetros para la selección de altas autoridades del Órgano Judicial. 3. Exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir sus atribuciones constitucionales de cumplir con el ordenamiento jurídico en vigencia, poniendo en relieve la supremacia de la CPE y la jerarquia normativa 4. Establece el principio de igualdad ante la ley y la reserva de la misma (todo derecho regula mediante ley no por un reglamento - Art. 109. II de la CPE). El artículo 158.1.5 de la CPE establece que para el tratamiento de una ley debe realizarse por el voto de 2/3 debiendo realizarse una nueva ley para la preseleccion de candidatos.

El 31 de diciembre finaliza el mandato de las actuales altas autoridades de la justicia.

El Dr. Ramiro Carrillo asumira de forma inmediata sus funciones con la premisa de eliminar todo atisvo de sometimiento del órgano judicial, las designaciones ilegales y la falta de meritocracia en sus miembros, a cuyo efecto "se procedera a realizar una auditoria en todas las instancias del Tribunal Supremo de justicia para determinar responsabilidades de los malos funcionarios judiciales" señalo Carrillo.

El Ministerio Público, quien en representación de la sociedad, tiene el deber de investigar y efectivizar la acción penal cuando corresponda, quedando reservado ese ejercicio únicamente para los delitos de acción penal pública.

El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial