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Están involucrados en una presunta red de autoridades que habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir una sentencia, supuestamente irregular, para destituir a una magistrada del TSJ

Sergio E.S.C. es un funcionario del juzgado provincial de Coroico y fue el séptimo acusado del caso ‘consorcio’ que ya tiene procesados a un exministro, un magistrado suplente y dos altas autoridades del Órgano Judicial de La Paz. Sergio E.S.C. fue conducido a la fiscalía en La Paz donde aguarda su declaración formal ante la comisión que investiga este caso.

Cuando ya se conocía del caso, Yván Córdova fue denunciado porque supuestamente estaba ebrio en su oficina, extremo que él negó y tampoco se pudo probar hasta la fecha.

Antonio de la Fuente dijo que se enteró que ella y otros magistrados falsearon información al momento de hacer su postulación para las elecciones judiciales de 2024.

La Fiscalía también remarcó que la imputada obligó a eliminar archivos a su asistente en el Tribunal de Justicia y que esto constituye un riesgo de obstaculización.

Junto al expresidente del TDJ de La Paz, son investigados el exministro de Justicia, César Siles; el abogado José Ramiro Uriarte; la exvocal del TDJ, Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Yván Campero y el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza.

Según Luis Carlos Torres la Fiscalía accionó de manera inmediata las investigaciones en este caso y hasta, de manera personal, encabezó el primer operativo

Nerviosismo, presiones, llamadas telefónicas, todo se mezclaba desde el 10 de junio en el caso 'consorcio'

El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero reveló, en sus declaraciones, que el plan para defenestrar a la magistrada titular Fanny Coaquira se habría urdido desde antes de mayo, pues él fue convocado a una reunión donde ya se tenía los documentos para llevar todo ante un juez provincial.

El exministro de Justicia deberá cumplir la detención preventiva en el penal de Patacamaya, acusado de presunto consorcio y tráfico de influencias en el caso que investiga una red de manipulación judicial